Cuándo abrir un proceso de modificación de medidas

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Cuándo abrir un proceso de modificación de medidas

Uno de los principales motivos por los que los clientes piden honorarios de abogados en Madrid es porque necesitan abrir un proceso de modificación de medidas, ya fueran estas en su momento adoptadas de mutuo acuerdo o fueran decretadas judicialmente. Te recordamos que las medidas que deben asumir los miembros de la pareja tras un divorcio conciernen a los siguientes aspectos:  hijos, vivienda familiar, cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y establecimiento de las garantías o cautelas respectivas.

Para que prospere un proceso de modificación de medidas como los que se consultan al pedir honorarios de abogados en Madrid, es fundamental, como primer requisito, que las circunstancias que propiciaron la toma de las medidas originales hayan cambiado de forma sustancial. En este sentido, será el demandante o encargado de plantear la apertura del proceso de modificación de medidas, el que proponga (a través de sus representantes legales) en qué sentido y/o cuantía  debe pronunciarse el juez respecto a la demanda presentada.

El segundo requisito, es que esos cambios sustanciales a los que hacemos referencia no pueden ser transitorios o temporales, sino estables y permanentes.

Se exige también que ese cambio sustancial y permanente no fuera previsible en el momento que se establecieron las medidas iniciales.

Finalmente, el último requisito para que prospere una demanda de este tipo es que el cambio no haya sido provocado o buscado intencionadamente por parte del demandante para obtener unas medidas que le resulten más beneficiosas.

La exigencia de estos requisitos viene a garantizar el principio de seguridad jurídica respecto a lo que se conoce como cosa juzgada o autoridad conferida a las resoluciones judiciales, evitando por parte de los litigantes la reapertura o revisión caprichosa de las medidas decretadas. En Prats Torres, J. aconsejamos siempre que se cumpla con las exigencias legales para garantizar que toda demanda pueda prosperar siempre que sea legítima.